Por:Gabriel Torres Jiménez
La funcionaria dijo, en rueda de prensa, que la gestión que encabeza está comprometida con el respeto a la dignidad humana y los derechos de los ciudadanos. “Nunca estaré de acuerdo con el atropello y la arbitrariedad contra ninguna persona, ya sean nacionales o extranjeras”, precisó.
Asimismo, indicó que en vista de que la empresa Coquera Real y los migrantes no lograron ponerse de acuerdo, el caso pasó al tribunal laboral de San Cristóbal. “Reiteramos que una vez elegido y apoderado un tribunal, la situación escapa a la competencia del Ministerio de Trabajo”, destacó.
Hernández resaltó que la jurisdicción del ministerio es velar y tratar mediante la mediación de llegar a un convenio, al tiempo que reconoció la difícil situación que atraviesan los ciudadanos haitianos, quienes permanecen en las inmediaciones del organismo desde hace 29 días esperando una respuesta positiva a su demanda.
En ese sentido, Francisco Ojilu, quien funge como vocero de los 112 haitianos que acampan improvisadamente en las afueras del ministerio, dijo que lo único que quieren es su dinero para regresar a su país. “No podemos aguantar más”.
Alegan que Rafael Emilio Alonso Luna, propietario de la empresa para la que trabajaron por 14 años, tiene mucho poder y es capaz de poner a las autoridades que tratan el caso, en su contra.
Llamaron la atención del presidente Danilo Medina para que intervenga y se le busque una salida satisfactoria a la situación que les atañe.
Los demandantes se quejaron de las condiciones en que conviven, diciendo que no tienen espacio para hacer sus necesidades fisiológicas.

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