Estudio revela alto costo de la justicia en el país

Por: Christopher Erasmo Torres Jiménez

Los problemas familiares y matrimoniales son los motivos más frecuentes que llevan a la ciudadanía a acudir al Poder Judicial, pero el acceso a la justicia es un privilegio de personas de clase media para arriba, lo que significa que el costo de la justicia es demasiado cara.

Así lo revela el estudio de percepción y análisis del Poder Judicial dominicano realizado en el período comprendido de agosto a noviembre del 2012 y divulgado por el presidente de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo del Poder Judicial, Mariano Germán Mejía.

En el acto habló Valerie Julliand, representante residentes de Naciones Unidas en el país, mientras que la presentación del estudio fue hecho por Yildalina Tatem Brache, directora de Políticas Públicas.

Aduce el estudio, cuyo fin es corregir las debilidades que se hayan identificado en el seno del Poder Judicial y fortalecer la administración de justicia, que los jueces deben acercarse a la comunidad para empoderarla acerca de los mecanismos de que dispone el poder judicial para garantizar la tutela efectiva de los derechos de las personas.

En torno a la independencia del Poder Judicial, se reprocha la posibilidad de acciones de terceros que puedan influir en la toma de decisiones jurisdiccionales.

Señala que la independencia está mal calificada, ya que la idea de que hay grupos o sectores de la población que toman parte de manera indirecta en las decisiones de este Poder del Estado se mantiene en el imaginario colectivo. Esta consideración es generalizada, de un modo mayor, entre personas jóvenes.

Sobre los problemas que persisten en el Poder Judicial, para jueces se señala la disminución progresiva del presupuesto del Poder Judicial, comportamiento judicial condicionado por los medios de comunicación y existencia de suplencia de jueces prolongados.

Sobre el costo a la justicia, se señala que los pobres carecen de recursos para pagar la asistencia de un abogado, que es casi por regla general un requisito indispensable para acceder a la jurisdicción.

Establece que el principio constitucional de la gratuidad de la justicia es denegada frontalmente en la práctica por el costo del servicio.

Recomiendan extender el servicio de defensa pública al resto de los ámbitos judiciales, para garantizar la representación judicial de las personas que carecen de recursos económicos para costearse una defensa privada.