Industriales piden PE envíe CN modificaciones Ley 2801; exponen distorsiones

Por: Christopher Erasmo Torres Jiménez

La presidenta de la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD), licenciada Ligia Bonetti, solicitó al este miércoles al Poder Ejecutivo enviar al Congreso lo más pronto posible las modificaciones que se harían a la Ley 28-01, con la cual se creó la Zona Industrial de Desarrollo Fronterizo, modificaciones que persiguen la eliminación de una serie de distorsiones, que de acuerdo a la institución que agrupa a los industriales, perjudica a miles de empresas que tributan al fisco religiosamente y que además generan más de 400 mil empleos productivos.

La titular de la AIRD se expresó en esos y otros términos al momento de sostener un conversatorio con editores económicos de los principales de comunicación del país, en el que participaron, además los presidentes de las asociaciones empresariales, que dicen sentirse perjudicados con la vigencia de la Ley 28-01, debido a que los beneficiarios de  dicha legislación compiten de manera desleal con las industrias que no gozan de los incentivos que crea esta ley.

En el conversatorio también habló la vicepresidenta de la AIRD, licenciada Circe Almánzar, quien indicó que la aplicación de la Ley 28-01 en la actualidad está provocando más daños que los beneficios deseados, y que la a vez es inconsistente  con la Estrategia Nacional de Desarrollo.

Expresan, asimismo, que la Ley 28-01 desvirtúa el objetivo de la Estrategia Nacional de Desarrollo de racionalización de los incentivos fiscales y la minimización de los efectos negativos de estos en la recaudación, al tiempo también, que no garantiza la sostenibilidad de los proyectos de inversión en el largo plazo y representa un obstáculo para las inversiones ya existentes (empresas instaladas fuera de su zona geográfica de aplicación.

Hasta ahora con dicha ley solamente se han creado alrededor de 46 empresas en las provincias fronterizas, y a las mismas han generado 4,000 empleos. 

Significaron los directos de la AIRD, que la modificación brindará mayor equidad, para el bien de la región fronteriza y para las demás provincias del país.

Precisaron los dirigentes empresariales presentes en el conversatorio organizado por la AIRD, que la Ley 28-01 crea una distorsión en el aparato productivo nacional al generar un clima de competencia desigual y la creación desproporcionada de beneficios a escasas empresas.

Asimismo, recalcaron, que la referida ley establece incentivos desproporcionados para actividades similares a las ya existentes en la industria nacional, por lo tanto, afecta negativamente el encadenamiento productivo.

Entre los expositores en el conversatorio, el que se desarrolló en uno de los salones de la Torre Empresarial, además Bonetty y Almánzar, presidenta y vicepresidente de la AIRD, respectivamente, entre otros se encontraban presentes el presidente de la Cámara Americana de Comercio, licenciado Julio Virgilio Brache, el presidente de la Asociación Dominicana de Industrias Textiles (ADITEX), Ricardo Koenig, el presidente de la Asociación Dominicana de Exportadores de la República Dominicana (ADOEXPO), Kai Schoenhals, así como Salvador J. Demallistre, director ejecutivo de la Asociación Dominicana de Empresas de Inversión Extranjera.

Significan, asimismo, que las exenciones no solo afectan las recaudaciones fiscales, sino que impactan negativamente el encadenamiento productivo, al exonerar importaciones de bienes finales, bienes intermedios, e insumos productivos en el país.

Finalmente, estiman los directos de la AIRD, que los criterios que deben tomarse en cuenta para la modificación de la Ley 28-01, es que esta debe establecer incentivos fiscales, que no produzcan distorsiones ni competencia desleal, que bien podrían exenciones sobre el Impuesto Sobre la Renta (IRS), así como modificar los aspectos que afecten negativamente los encadenamientos productivos- como sería impuestos al comercio exterior, es decir aranceles.

Expresaron que los incentivos deben ir destinados al fomento de la inversión y el empleo en la frontera, y, últimamente, fortalecer y mejorar la administración y los controles en la aplicación de la ley.