Extinguida acción penal en caso Bahía de las Águilas

Por: Christopher Erasmo Torres Jiménez

La presidenta del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional declaró ayer la extinción de la acción penal seguida al exdirector del  Instituto Agrario Dominicano (IAD), Jaime Rodríguez Guzmán, su hermano y su esposa, acusados de un alegado fraude con los títulos de propiedad de Bahía de las Águilas.

La magistrada Gissell Méndez Álvarez sostiene, en una sentencia de 42 páginas,  que ha transcurrido el plazo máximo de duración del proceso seguido a Rodríguez Guzmán, su hermano Rafael y su esposa Reyna Margarita Martínez, sin que haya intervenido sentencia definitiva e irrevocable al respecto.

La jueza igualmente ordenó el archivo de las actuaciones levantadas con ocasión del presente proceso, tras acoger un incidente presentado por los abogados de los imputados, doctores Francisco Taveras y Moya Alonzo Sánchez, quienes pidieron declarar extinguida la acción penal, por considerar que el plazo del proceso inició en fecha 16 de agosto del año 2007 y culminó el 16 de agosto de 2010, sin que exista una sentencia de primer grado.

Ordena cese de coerción

La magistrada también  ordenó el cese de cualquier medida de coerción que haya sido impuesta a los imputados durante el proceso penal y la cesación de cualquier acto que restrinja el efectivo ejercicio de los derechos fundamentales consagrados a favor del ciudadano por la Constitución.

Rol del ministerio público

El tribunal sostiene que correspondía al ministerio público vigilar el desarrollo del proceso, como parte acusadora, acorde con el papel proactivo propio de su naturaleza de órgano persecutor, al que se le confía la política represiva del Estado, en su rol de encargado de la investigación y promotor del ejercicio de la acción pública.

La Fiscal del Distrito Nacional, Yeni Berenice Reinoso, anunció que apelará la decisión de la jueza Méndez Álvarez.

EL PROCURADOR JUZGA “VERGONZANTE” EL FALLO

De su lado, el procurador general de la República, Francisco Domínguez Brito, calificó de “desastrosa y vergonzante” la decisión emitida por el tribunal. Señaló que se trata de uno de los casos de corrupción más grande que ha vivido el país y en el cual se ha pretendido despojar de uno de los mayores patrimonios que tiene República Dominicana. Expresó que “decisiones como estas y de algunas otras precedentes, son las que generan la desconfianza de la ciudadanía, en quienes administramos la justicia”. Calificó de intolerable que un reclamo de la nación completa y de un pueblo se deje de lado por atender intereses que no son para él de la verdad y la justicia.